La recentralización añorada por el nacionalismo español

Joan Romero. Universitat de València.

Asistimos a la mayor ofensiva de la derecha española en todo el periodo democrático. Una ofensiva que utiliza la recesión como coartada y ahora sin complejos y que se centra en tres ámbitos distintos: organización territorial del Estado, desguace del Estado de Bienestar, entregando al sector privado las artes que son negocio, y sistema de libertades. Una ofensiva que se hace contra todo y contra todos. Sin reparar en las consecuencias y sin prever escenarios de medio plazo.

El ataque al Estado de las Autonomías es frontal y utilizando todos los medios a su alcance. No hay más que seguir con atención lo que se ha escrito y se ha afirmado para corroborarlo. En nombre de la eficiencia y en de un Estado más racional se defiende un proceso de recentralización argumentado, faltando a la verdad, que la actual situación de recesión tiene como causa el desarrollo del Estado Autonómico. Una lectura atenta de la producción de la fundación FAES ayuda a encontrar ese hilo conductor del nacionalismo español que ahora quiere achacar a las Comunidades Autónomas la critica situación de las cuentas públicas e incluso la difícil situación de la economía española.

Merece la pena detenerse a analizar algunos de sus argumentos centrales. Entre el libro de Gómez-Pomar,J.; Garcés, M.; Elorriaga, G. (2010), titulado Por un Estado Autonómico racional y viable y la reciente conferencia del profesor Tomás Ramón Fernández, presentado por el propio Elorriaga, en julio de 2012, ambos bajo los auspicios de FAES, puede verse una plena coincidencia en el diagnóstico: el Estado de las Autonomías es inviable y hay que proceder a una revisión completa del modelo de organización territorial. Una reforma que para utilizar las propias palabras del profesor Tomás Ramón Fernández es “imprescindible hacerla a fondo” y “tiene que ser lógicamente una reforma de la Constitución, de su título octavo entero, que hoy carece en su mayoría de contenido directivo”. “El Estado de las autonomías se nos ha ido de las manos y con él se ha volatilizado el crédito internacional que nos otorgó como país una Transición ejemplar”.

Defendía el profesor que el Estado Autonómico es “un aparatoso tinglado insostenible en términos económicos y que no ha mejorado en nada la eficacia del denostado centralismo anterior, sino que ha empeorado la situación porque está en permanente pugna con el Estado central”.Un proceso agravado tras la aprobación de “los estatutos maximalistas de tercera generación, que nadie había reclamado”. Como consecuencia, los problemas, “no han hecho más que agravarse desde entonces y han hecho disfuncional e ingobernable el entramado constitucional. En rigor, más que un Estado propiamente dicho, lo que tenemos hoy son 17 estaditos yuxtapuestos”.

Abogaba por “el establecimiento de un modelo territorial claro y de perfiles bien definidos, que puede seguir siendo el de las autonomías, pero debidamente corregido”, ya que “habría que reducir el número de comunidades autónomas, a todas luces excesivo, porque no tienen sentido algunas unidades con poblaciones tan reducidas”. “El Estado de las autonomías se construyó a empellones, atropelladamente y al margen de toda reflexión”. Defendía que “el reparto competencial se haga por la vía de la Constitución y no dejarlo a expensas de los estatutos de autonomía; ni que pivote sobre una lista única”. Reclamaba “reglas instrumentales para el reparto de competencias”, “sentar las bases de la hacienda estatal y de las haciendas autonómicas porque ya se ha visto que remitirlo a una ley orgánica solo conduce al desastre financiero”. “Todo esto, concluía, no serviría de nada si se mantiene este sistema electoral que tiende a dar la llave gubernamental a las fuerzas nacionalistas”. “Si empezamos otra vez hay que hacerlo de otra manera.”

No puedo estar más en desacuerdo. En las formas y en el fondo. No alcanzo a comprender tanta ignorancia de nuestra propia historia. No es cierto que la recesión pueda achacarse a las Comunidades Autónomas. Y si de trata de abrir un debate sereno y a fondo sobre excesos, sobre financiación y sobre eficacia y la eficiencia del Estado, convendría hacerlo de forma adecuada e integral. Sugiero, al menos, los siguientes elementos para la discusión: a) la descentralización es hoy un proceso generalizado tanto en las democracias avanzadas como en regiones emergentes o en transición y la escala regional adquiere un protagonismo creciente en el nuevo contexto globalizado; b) los ciudadanos españoles prefieren de forma mayoritaria el Estado Autonómico en su actual formato; c) no debe confundirse descentralización, nuevo reparto de poder y autonomía política con problemas de eficacia y eficiencia (muchos Estados federales- EEUU o Alemania- funcionan y son una solución, mientras que otros Estados unitarios, como Portugal o Grecia, atraviesan por dificultades; d) si se trata de discutir de eficacia y eficiencia, discútase a fondo y de todo, empezando por la supresión de ministerios o la eliminación de estructuras innecesarias de la AGE, la supresión de Diputaciones Provinciales o la agrupación de municipios como sí han hecho otras democracias de nuestro entorno. Sólo entonces se estará en condiciones de reclamar, también, racionalidad y reducción de estructuras y capítulos de gasto, a todas luces necesario, de unas Comunidades Autónomas sobre las, no obstante, descansa la responsabilidad de garantizar lo esencial del Estado de Bienestar con recursos insuficientes.

Por el contrario, si de lo que se trata de es abrir el debate sobre la posibilidad de revisar el actual reparto de poder político con pretensiones recentralizadoras desde posiciones del nacionalismo español o del neojacobinismo de izquierdas, de proponer iniciativas de inspiración confederal o de independencia, de profundizar en la vía federal e incluso de iniciar un nuevo proceso constituyente, más vale que se aborde con sosiego y con una voluntad de pacto al menos similar a la que se obtuvo en los inicios de la transición.

No se olvide que España no solo es un Estado compuesto, sino que es un Estado plurinacional. El mal llamado “debate territorial” español, único de nuestros grandes retos históricos que aún permanece abierto, no es sino una forma de denominar la existencia de naciones que han reivindicado durante siglos una voluntad de ser. Los ejemplos de Bélgica, Reino Unido y Canadá, junto a España, indican que esta cuestión seguirá siendo muy relevante en el actual contexto globalizado. Nunca como ahora se habla con tanta claridad en Cataluña o en País Vasco de independencia, de derecho a decidir o de autodeterminación y nunca como ahora en treinta años han aflorado con tanta claridad sentimientos de incomprensión o irritación, sensación de menosprecio y humillación y, a la vez, desde otra parte se acentúan expresiones bien conocidas del nacionalismo español. A estos les cuesta mucho reconocer que España es un Estado plurinacional. Como lo es Bélgica o el Reino Unido, por citar únicamente aquellas comunidades con las que compartimos proyecto político común. Desde su nacionalismo banal y cotidiano hablan de “cerrar” un modelo de Estado. Con sus discursos, actitudes y actuaciones separadoras, el nacionalismo español y sus excelentes altavoces proporcionan argumentos a los partidarios de la separación.

De otra parte, entre quienes mantienen posiciones independentistas, ven factible convertirse en un Estado dentro de una Unión Europea que haría posible y viable la supervivencia de Estados pequeños, pero más cohesionados y eficientes, al quedar liberados de obligaciones básicas que ahora quedan resueltas en un ámbito supraestatal. En sus discursos suelen encontrarse lecturas muy sencillas de procesos muy complejos. También suelen tomar la parte por el todo, ignorando la creciente pluralidad de la propia sociedad a la que convocan. Y además en ocasiones tienen dificultades para saber discernir la diferencia que muchos ciudadanos hacen entre mayor grado de autonomía política, hoy mayoritario en estas naciones internas, con la aspiración, ya no tan mayoritaria, de convertirse en un nuevo Estado. Ese paso definitivo, dejando a un lado consideraciones geopolíticas que no son precisamente menores, no es tan seguro que cuente con mayorías cualificadas y puede acarrear serias fracturas sociales.

Unos imaginan la Constitución de 1978 como estación término y otros como punto de partida. Unos aún no están ahí, entienden sobrepasado el proceso de descentralización y siguen añorando un Estado-nación que ya no existe más que en su imaginación. Otros ya no están ahí y consideran que han quedado cerradas las puertas de un proceso de construcción de la autonomía política que ha quedado desvirtuado o incumplido. Y probablemente la mayoría de los ciudadanos aguarda en el andén a que la política encuentre soluciones que no nos obligue a decidir.

Nuestro mayor desafío colectivo sigue siendo el reconocimiento del hecho plurinacional. Las encuestas de opinión muestran de forma reiterada que en Cataluña, en el País Vasco y, menor grado, en Galicia, una parte de los ciudadanos que allí viven prefieren utilizar el término nación para referirse a su Comunidad, se sienten más catalanes o vascos que españoles (cuando no únicamente catalanes o vascos) y aspiran a conseguir un reconocimiento de nación independiente para su Comunidad. Aunque se trate sólo de una parte de la sociedad. Y aunque ese sentimiento no necesariamente haya de traducirse en la existencia de una voluntad mayoritaria de separarse, como ha puesto de relieve acertadamente Michael Keating en su excelente estudio sobre Escocia.

A la política le corresponde no añadir confusión sino enmendar sus errores y gestionar el nuevo y confuso escenario. Los esfuerzos debieran encaminarse a mejorar las formas de gobernanza multinivel; a acordar un modelo de financiación más justo; a argumentar que el respeto a las reglas de juego constitucionales es uno de nuestros mejores activos como comunidad política plurinacional y debiera ser uno de nuestros mejores legados; a convencer a la mayoría de que el mantenimiento de la identidad propia no necesariamente debe adentrarse por la vía arriesgada de la secesión, sino que formar parte de un Estado plurinacional es mejor que verse obligado a decidir, aunque fuera posible, entre nacionalismos o entre una de las identidades posibles; a defender los valores positivos de una comunidad política multinacional, multicultural y multilingüe; a exigir a los poderes públicos avances sustanciales en el terreno del reconocimiento simbólico de la diversidad; a perfeccionar el Estado Autonómico en clave federal y a integrar mejor la España plurinacional. Un nuevo pacto político, en definitiva, que aborde estas cuestiones con claridad y normalidad, sin buscar atajos, sin emboscadas y sin trapacerías. En caso contrario, la desafección amentará, aún más, y las tensiones se trasladarán a la estabilidad de un sistema que descansa en la provisionalidad y el pacto permanente.

Es difícil aventurar posibles escenarios de futuro. De no transitar por la senda del federalismo plurinacional y descartado, por inviable, cualquier intento de vuelta a modelo de Estado más (re)centralizado, es probable que únicamente dos opciones tengan más posibilidades: proseguir con el actual modelo de conllevancia, con avances y retrocesos en función de la posición que en cada momento tenga cada uno de los actores políticos relevantes, o que en Cataluña o en el País Vasco se apueste decididamente por alterar el actual modelo de Estado, por la vía de la consulta a la ciudadanía para abrir un proceso de independencia en el seno de la Unión Europea, al estilo del proceso iniciado recientemente en Escocia o de otra forma en Flandes. Probablemente, la evolución que sigan esas dos naciones tendrá influencia directa en el caso catalán y vasco. Y esas experiencias ya evidencian las dificultades geopolíticas, las tensiones internas, las incertidumbres y los riesgos de fractura social que puede implicar abrir procesos de esa trascendencia.